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Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Esta orden establece cómo se clasifican los fondos de pensiones según su política de inversión. Fija una definición para cada tipo de fondo en un anexo y regula los criterios de clasificación y la información que reciben los partícipes.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en la comarca. Las actuaciones se refieren al ciclo del agua, la gestión de residuos urbanos, equipamientos municipales y digitalización.

Crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Mediante subastas se retribuye a instalaciones que aporten potencia firme y respaldo al sistema, para garantizar la seguridad de suministro ante la mayor presencia de renovables.

Establece el estatuto, los privilegios y las inmunidades de las oficinas que el Grupo Banco Mundial (BIRF, AIF, CFI, CIADI y OMGI) pueda abrir en España. Fija definiciones como archivos, dependientes, expertos en misión y jefe de oficina, y prevé su aplicación provisional.

Regula cómo las empresas titulares de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentan y obtienen aprobación de sus planes de inversión anuales y plurianuales. Fija los límites máximos de inversión con derecho a retribución con cargo al sistema y el control de su ejecución.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas con fondos del Plan de Recuperación. Estas subvenciones financian inversiones de digitalización de redes de distribución eléctrica, infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y proyectos estratégicos en la red de transporte eléctrica.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Concede créditos extraordinarios y suplementos de crédito en varios departamentos del Gobierno de Navarra para el Presupuesto de 2026, destinados al Programa de Inversiones 2025. Los gastos se financian con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

Establece medidas fiscales en Navarra para responder a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. Amplía plazos para reinvertir beneficios extraordinarios y para la Reserva Especial para Inversiones, y crea una deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en 2026.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.