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Regula el uso de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa para producir energía en España. Establece el principio de uso en cascada de la biomasa forestal y limita las ayudas públicas a la producción de energía con determinada madera. Modifica normas anteriores sobre energía eléctrica y criterios de sostenibilidad.

Regula la concesión directa de subvenciones a cuatro organizaciones ecologistas de ámbito estatal para el ejercicio presupuestario 2026. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, las actuaciones subvencionables, las cuantías, el pago y la justificación.

Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

Modifica el Real Decreto 451/2022 para adaptar las ayudas a estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias a los nuevos objetivos 119 y 120 del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad excepcional de extenderlo al 31 de julio de 2026.

Regula la conservación de las praderas de plantas marinas con flores (fanerógamas) del Mediterráneo español, en especial Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa. Establece su delimitación cartográfica, normas de protección, reglas para el fondeo de embarcaciones, gestión de los restos que llegan a la orilla y un régimen sancionador.

Establece qué sustancias y objetos obtenidos en un proceso de producción se consideran subproductos y no residuos, conforme a la Ley 7/2022. Fija los requisitos que deben cumplirse, las obligaciones de productores y usuarios, el control de las comunidades autónomas y el traslado dentro de la Unión Europea.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.