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Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

Modifica la Ley 2/2016 de la Comunidad de Madrid sobre identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Cambia el régimen sancionador y su procedimiento, y establece un régimen transitorio para los expedientes ya iniciados.

La ley regula los derechos de los niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid y establece un sistema de protección integral frente a la violencia. También organiza las competencias de la administración autonómica, el sistema de protección de menores y un régimen sancionador.

Crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que sustituye a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. La nueva agencia presta apoyo jurídico, social y económico a personas adultas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones.

Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Establece el derecho de acceso a estos servicios, las prestaciones que incluye, cómo se organizan y quién es competente. También fija reglas sobre profesionales, registros, planificación, financiación e infracciones.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

Regula cómo los comercializadores de referencia deben enviar a la Comunidad de Madrid los datos de las personas beneficiarias del bono social eléctrico para gestionar y pagar el bono social térmico en su territorio. Incluye una previsión para el año 2022 y habilita su desarrollo normativo.