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Crea el Instituto de la Filmoteca Nacional de Cataluña como entidad con personalidad jurídica propia para conservar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico. Regula sus órganos de gobierno, su régimen económico, de contratación y de personal, y su relación con el departamento del que depende.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, que siguen prorrogados para 2026. El decreto-ley fija el importe del suplemento, cómo se financia y autoriza su ejecución.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Crea la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña, que une la atención social y la sanitaria en un mismo organismo. Regula sus objetivos, funciones, órganos de gobierno, personal, presupuesto y patrimonio, y prevé instrumentos de planificación, innovación y evaluación.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña. Regula la cita previa en la atención presencial, amplía el derecho a una buena administración y reconoce el derecho a rectificar errores ante la Administración.

Modifica el Código tributario de Cataluña para adaptar la Agencia Tributaria de Cataluña al nuevo sistema de financiación singular. Establece medidas urgentes sobre su régimen jurídico y regula el acceso al cuerpo de agentes tributarios.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, que siguen prorrogados para 2025. La norma regula el importe del suplemento, cómo se financia y cómo se ejecutan los gastos que cubre.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2023, que siguen prorrogados para 2025. El decreto-ley fija el importe del suplemento, cómo se financia y cómo se ejecutan las actuaciones que financia.

Modifica la Ley 16/2014 de acción exterior de Cataluña para crear un cuerpo de funcionarios con conocimientos específicos en acción exterior y relaciones con la Unión Europea. Regula también su desarrollo reglamentario, la afectación presupuestaria y la entrada en vigor.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Modifica la Ley 21/2003 de fomento de la paz para crear el plan director País de Paz, que la Generalitat debe elaborar cada cuatro años. El plan fija prioridades y recursos en prevención y resolución de conflictos, y el Parlamento lo aprueba a propuesta del Gobierno.

Crea el Fondo Agrario y Ganadero de Cataluña para financiar ayudas al sector agrario y ganadero. Regula su dotación, los beneficiarios y las ayudas para mejorar la competitividad, mitigar el cambio climático, modernizar regadíos y favorecer el relevo generacional.

Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.