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Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024: fija la previsión de ingresos y autoriza los gastos de la administración regional y su sector público. Incluye normas financieras para ejecutar el presupuesto y medidas tributarias.

Modifica el artículo 77 de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha sobre subvenciones públicas. Elimina el apartado que separaba la aprobación del gasto de la convocatoria de subvenciones y fija que se aplica la ley estatal general de subvenciones.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

Modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para dar nueva redacción al artículo 75.2.c), después de que el Tribunal Constitucional anulara el cambio que había hecho la ley de presupuestos de 2020 por un problema de forma.

Aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. Incluye normas sobre estabilidad presupuestaria, modificaciones de créditos, personal, gasto educativo, deuda y medidas tributarias.

Aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. Incluye normas sobre estabilidad presupuestaria, modificaciones de crédito, personal, gestión docente, endeudamiento y medidas tributarias.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

La ley aprueba los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos de la administración regional y sus organismos. También establece normas para ejecutar el presupuesto, gestionar el personal, las operaciones financieras y algunas medidas tributarias.