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Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Modifica el artículo 77 de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha sobre subvenciones públicas. Elimina el apartado que separaba la aprobación del gasto de la convocatoria de subvenciones y fija que se aplica la ley estatal general de subvenciones.

Modifica la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Cambia cómo se regulan estas vías, que son caminos para el tránsito del ganado. Incluye reglas sobre expedientes en tramitación y su entrada en vigor.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para dar nueva redacción al artículo 75.2.c), después de que el Tribunal Constitucional anulara el cambio que había hecho la ley de presupuestos de 2020 por un problema de forma.

La ley extingue las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha y regula cómo se liquida y a quién pasa su patrimonio. También fija el régimen para transmitir huertos familiares y explotaciones agrarias familiares o comunitarias procedentes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Regula la evaluación ambiental en Castilla-La Mancha: qué planes, programas y proyectos deben someterse a evaluación antes de aprobarse, cómo se hace el trámite y quién interviene. Incluye el seguimiento y las sanciones por incumplir estas reglas.