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Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Centros Asociados de la UNED. El objetivo es que la estructura de sus cuentas anuales sea homogénea con la de la UNED, para poder consolidarlas.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Modifica varias órdenes sobre contabilidad pública del Estado. Cambia documentos contables, reglas de operatoria del gasto y normas de contabilidad de la Administración General e Institucional. Incluye el procedimiento para entidades cuyas cuentas anuales no se auditan.

Modifica la Circular 3/1996 sobre control del gasto público. Eleva de 300.000 pesetas a 3.000 euros el importe de los justificantes de anticipos de caja fija que deben comprobarse siempre, y actualiza la referencia al límite de pagos individuales a 5.000 euros.

Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.