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Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2026. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos tienen un mes, ampliable 15 días, para solicitar la adhesión.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Aprueba la lista de valores negociados en centros de negociación y su valor medio de negociación del cuarto trimestre de 2024. Esta lista sirve para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio del año 2024 y para la declaración informativa anual de valores, seguros y rentas.

Actualiza varios modelos de declaración informativa de la Agencia Tributaria (194, 346, 192, 198, 182, 193, 345, 721, 172 y 289). Cambia campos de esos modelos y elimina soportes distintos al envío telemático en el modelo 194.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Aprueba la lista de valores negociados en centros de negociación y su valor de negociación medio del cuarto trimestre de 2023. Esta lista sirve para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio de 2023 y para la declaración informativa anual de valores, seguros y rentas.

Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.