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Ordenar por: Relevancia · Fecha
Tribunal Constitucional · Providencia · 21/09/2026 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026, de la Comunidad de Madrid, que la habilita para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley queda suspendida.
Tribunal Constitucional · Acuerdo · 12/06/2026 · Sin atribución a partidos
Tribunal Constitucional · Sentencia · 14/07/2023 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la oposición y la suspensión en la ejecución. Declara extinguida la cuestión relativa a la falta de previsión de la prejudicialidad civil como causa de suspensión, por desaparición sobrevenida de su objeto.
Tribunal Constitucional · Providencia · 18/05/2023 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso.
Tribunal Constitucional · Acuerdo · 23/03/2023 · Sin atribución a partidos
Tribunal Constitucional · Providencia · 16/03/2023 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.
Tribunal Constitucional · Providencia · 15/02/2023 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, planteados por un juzgado en un proceso de ejecución. Las partes en ese proceso pueden personarse en el plazo de 15 días.
Tribunal Constitucional · Sentencia · 25/03/2022 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.
Tribunal Constitucional · Sentencia · 20/11/2020 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional declara nulo el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedía recurrir ante un juez los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La norma se anula por vulnerar el derecho a la tutela judicial sin indefensión y el principio de exclusividad jurisdiccional.
Tribunal Constitucional · Providencia · 26/06/2020 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento se personen.
Tribunal Constitucional · Acuerdo · 08/05/2020 · Sin atribución a partidos
Tribunal Constitucional · Providencia · 17/03/2020 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción de la Ley 13/2009. Se cuestiona si ese precepto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la potestad jurisdiccional.
Tribunal Constitucional · Acuerdo · 17/03/2020 · Sin atribución a partidos
Tribunal Constitucional · Sentencia · 29/02/2020 · Sin atribución a partidos
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impedía recurrir en revisión los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La sentencia anula ese precepto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.