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Reúne en un solo texto las normas de Cataluña sobre los impuestos cedidos por el Estado: IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, juego, medios de transporte y depósito de residuos. Sustituye la regulación que estaba repartida en varias leyes y decretos.

Establece que las viviendas de uso turístico en determinados municipios de Cataluña necesitan una licencia urbanística previa para dedicarse a esa actividad. Fija los municipios afectados y prevé una revisión periódica de la norma.

Crea la comarca de El Lluçanès, formada por trece municipios, con capitalidad en Prats de Lluçanès. Establece su personalidad jurídica, sus potestades y el régimen para constituir su consejo comarcal y repartir bienes y personal con las comarcas de El Bages y Osona.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Crea el Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios y Villas de Atención Especial para financiar actuaciones en zonas urbanas desfavorecidas. Regula la selección de beneficiarios, las áreas de atención especial y las herramientas de gestión urbanística.

Modifica el procedimiento para integrar centros educativos en la red de titularidad de la Generalitat. Añade un requisito sobre el título válido del inmueble donde se ubica el centro y permite, de forma excepcional, eximir de ese requisito y usar espacios provisionales en entornos desfavorecidos.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la instalación de equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica y de sistemas de energías renovables en edificios en régimen de propiedad horizontal. También cambia el Decreto-ley 10/2020 sobre medidas para personas jurídicas de derecho privado.

Establece medidas extraordinarias para las juntas de propietarios de comunidades en régimen de propiedad horizontal ante el impacto de la COVID-19. Regula la suspensión de la obligación de convocar y celebrar juntas, la prórroga del presupuesto anual y la adopción de acuerdos sin reunión.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica normas catalanas para acelerar el despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. Regula el autoconsumo eléctrico, crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables y ajusta el Decreto-ley 16/2019 y la Ley 16/2017 del cambio climático.