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Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba la modificación de la delimitación de espacios y usos del puerto de Alicante. Incorpora superficies de obras nuevas, redefine usos portuarios y desafecta la playa de San Gabriel y parte de las aguas portuarias.

Aprueba la nueva delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés, incorporando a la zona de servicio terrestre superficies de rellenos y una parcela de 6.008,8 m2. Además, desafecta de la zona II de aguas portuarias las zonas de baño de las playas.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Actualiza la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Bilbao. Incorpora al dominio público portuario nuevos terrenos y zonas de defensa, y ajusta los usos en varias áreas del puerto.