Buscar en el BOE

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar procedimientos de emergencia cuando la Unión Europea declare una crisis del mercado interior. También cambia el Real Decreto 212/2002 sobre el ruido de máquinas de uso al aire libre, en sus obligaciones de información y métodos de medición.

Modifica las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Ajusta obligaciones sobre el cuaderno de explotación y el plan de abonado, y facilita el uso de estiércoles y abonos orgánicos. También fija cuándo empiezan a aplicarse estas obligaciones.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Modifica el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Cambia qué técnicos pueden emitir los certificados y regula el registro de técnicos competentes y la evaluación de la calidad de los certificados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la Ley 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja para ajustarla a las competencias del Estado. Elimina o cambia varios artículos sobre los que había discrepancias con la Administración General del Estado y también modifica la Ley 8/2022 de caza y gestión cinegética.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales (bienes y derechos) adscritos a los servicios de conservación de la naturaleza que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 1980.

La ley crea la figura de los Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en Asturias y regula cómo se declaran, qué efectos tienen, cuánto duran y cómo se controlan. También modifica la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.