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Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía los medios patrimoniales (bienes) adscritos a las funciones de ordenación y gestión del litoral que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 2007 y 2008. La ampliación será efectiva desde la fecha que fije el acuerdo.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Establece ayudas extraordinarias para reparar los daños de los incendios forestales del verano de 2025 en Extremadura y refuerza la prevención de incendios. Incluye subvenciones para el sector agrícola y ganadero, para préstamos a titulares de cultivos, para el turismo, bonificaciones de tasas y cambios en normas de urbanismo, medio ambiente y gestión forestal.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

Modifica normas de urbanismo y de energías renovables para agilizar la construcción y explotación de instalaciones renovables y de almacenamiento en Cataluña, tras el apagón del 28 de abril de 2025. Prioriza estas instalaciones y su infraestructura conexa.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Regula la protección y ordenación de la costa de la Comunitat Valenciana. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso del litoral, un catálogo de playas y un régimen de inspección y sanciones.

Suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y de licencias de autotaxi en las Illes Balears. La suspensión se mantiene hasta que se apruebe un decreto que fije los criterios objetivos para concederlas. No afecta a las autorizaciones insulares temporales.

Crea la figura de los proyectos residenciales estratégicos en el municipio de Palma para obtener suelo urbanizado y construir viviendas con un procedimiento de aprobación propio. Declara la emergencia habitacional en Palma y fija los requisitos, el contenido y los trámites de estos proyectos.

La ley regula en Aragón el autoconsumo eléctrico, las comunidades de energía (ciudadanas, renovables y mancomunidades) y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de proyectos de generación renovable y crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado, con un precio máximo de compraventa y de alquiler, y un registro autonómico de estas viviendas. También modifica varias normas sobre urbanismo, turismo y vivienda, y regula la actividad de agente inmobiliario.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Regula el modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Establece los derechos y deberes de las personas usuarias, la organización y características de los centros, los profesionales y las ratios, la autorización e inscripción, la calidad y el régimen sancionador.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.