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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Regula la duración del contrato y su renovación, y coordina estos cambios con la prórroga extraordinaria ya prevista. Incluye un régimen transitorio para los contratos que ya están vigentes.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Regula en Navarra el alquiler de habitaciones dentro de una vivienda. Distingue entre el alquiler de habitación para vivienda habitual, el de temporada y el contrato de hospedaje, y fija reglas propias para cada uno. También crea un registro de contratos de arrendamiento de vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establecía medidas en materia de alquiler como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que terminen antes del 31 de diciembre de 2027. También limita la subida anual de la renta al 2 % hasta esa fecha, y en todo caso si el arrendador es un gran tenedor.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Modifica varios reglamentos de seguridad industrial para cambiar cómo las empresas habilitadas deben contratar a los profesionales habilitados. Revierte el requisito de tener al menos un profesional habilitado en plantilla a jornada completa, tras un dictamen de la Comisión Europea que lo consideró contrario a la normativa europea de servicios.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para que los contratos de estancia turística en viviendas prohíban expresamente las fiestas y eventos que alteren la convivencia. Si se producen, la persona comercializadora debe exigir el abandono en un máximo de 24 horas. No incluir la prohibición en el contrato o no adoptar medidas se considera infracción grave.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

Define el índice que limita la subida anual de la renta de los alquileres de vivienda. El índice será el menor entre la variación anual del IPC, la del IPC subyacente y una tasa media ajustada. El INE lo publicará cada mes y se aplica desde el 1 de enero de 2025.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias autonómicas en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, régimen local y servicios sociales, y si respetan las condiciones básicas de igualdad y la seguridad jurídica.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en materia de vivienda en Cataluña. Regula aspectos como el depósito de fianzas de alquiler y la protección de consumidores en el mercado inmobiliario, entre otros.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.