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Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Mantiene el cierre temporal de los puestos terrestres de entrada y salida de España en Ceuta y Melilla, salvo El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla). Por esos dos puestos solo pueden pasar quienes cumplen los requisitos para ir al resto del espacio Schengen y los trabajadores transfronterizos con Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor.

Actualiza la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Esta parte recoge las medidas de seguridad aérea que afectan directamente a los pasajeros y las que aplican normas europeas no clasificadas. La actualización cambia el apartado sobre cómo puede defenderse una persona que no supera la comprobación de antecedentes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2021, que recoge medidas urgentes para reparar los daños de las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica el Real Decreto 258/1999 para actualizar el contenido obligatorio de los botiquines a bordo de los buques. Adapta la normativa española a la Directiva (UE) 2019/1834, que cambia los anexos sobre material sanitario de los botiquines.

Aprueba medidas urgentes complementarias para reparar los daños causados por la erupción volcánica en La Palma y para la recuperación económica y social de la isla. Incluye ayudas en vivienda, tributos, carreteras, sector agrario y pesquero, cultura y Seguridad Social.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el primer tramo de 2020 destinadas a pescadores cuya actividad se paralizó por el COVID-19 y que tramitaron una suspensión de contrato o reducción de jornada. Las ayudas las gestiona el Instituto Social de la Marina y se pagan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece las bases para dar ayudas a los pescadores y empresas pesqueras que tuvieron que parar su actividad por la pandemia de COVID-19. También convoca estas ayudas para el primer tramo de 2020 y modifica normas sobre organizaciones pesqueras y pesca recreativa.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, sobre medidas sociales para reactivar el empleo, proteger el trabajo autónomo y mejorar la competitividad del sector industrial. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece mejoras en las condiciones de trabajo de los pescadores, incorporando al derecho español el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca. Regula la repatriación, la alimentación, el alojamiento a bordo y la atención médica.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.