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Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Regula el derecho de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia a acceder a espacios públicos, transportes, lugares de trabajo y espacios privados de uso colectivo en la Comunitat Valenciana. Establece cómo se reconoce, identifica, suspende y pierde la condición de perro de asistencia, y fija un régimen de infracciones y sanciones.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal de Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, control de especies cinegéticas, simplificación agraria y medidas fiscales.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica la norma que regula la declaración sobre la red y el reparto de capacidad en la infraestructura ferroviaria. Adelanta los plazos para solicitar capacidad, impulsa las comunicaciones digitales entre operadores y gestor de infraestructuras y actualiza los criterios de prioridad en tramos congestionados.

Regula cómo se certifica y se supervisa de forma continua a las empresas civiles que prestan servicios meteorológicos para la navegación aérea. Crea la autoridad nacional que vigila a estos proveedores y fija el procedimiento para obtener el certificado y mantenerlo.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Establece cómo presentar y pagar por vía electrónica la tasa por la concesión de autorizaciones administrativas singulares en el ámbito postal. El pago se hace antes de que se conceda la autorización, usando el modelo 790 con código 108.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra y la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Regula los requisitos de acceso a viviendas protegidas, el censo de solicitantes y el procedimiento de adjudicación con reservas, tramos de renta y baremos.

Establece los requisitos que deben cumplir los buques y embarcaciones de recreo para cambiar de forma temporal del uso privado al comercial. La autorización se tramita por vía electrónica y tiene una duración máxima de cinco años, con despachos de hasta tres meses por año natural.

Modifica varias normas de urbanismo de Extremadura para agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico y facilitar la promoción de vivienda. También introduce cambios en materia de energía y de función pública.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Fija qué información deben enviar los sujetos obligados para que se les reconozcan los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico a efectos del objetivo de venta o consumo de biocarburantes y otros combustibles renovables en transporte. La información se puede remitir desde el 15 de mayo de 2025, cuando el sistema SICBIOS habilite los certificados tipo E.