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Aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026: fija los gastos e ingresos de la Administración y sus organismos, regula las modificaciones de créditos, el gasto de personal, las operaciones de crédito y algunas normas tributarias y de tasas.

El Real Decreto excluye de la Red de Carreteras del Estado el tramo de la carretera B-23 entre los puntos kilométricos 0+000 y 6+920 (calzada ascendente) y 0+000 y 7+100 (calzada descendente), en la provincia de Barcelona. Ese tramo pasa a ser titularidad de la Generalitat de Catalunya, que lo incorporará a su catálogo de carreteras.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica la Ley Orgánica del Régimen Foral de Navarra para que Navarra asuma la competencia de ejecución de la legislación del Estado y las funciones de vigilancia y control del tráfico, la circulación de vehículos de motor y la seguridad vial en su territorio. También ajusta las competencias de la Policía Foral en estas materias.

La ley regula la movilidad sostenible en Euskadi. Establece principios, objetivos y herramientas de planificación para reducir el impacto ambiental del transporte y fomentar el transporte público, la movilidad activa y el ferrocarril para mercancías.

Modifica varias normas de Canarias sobre suelo y espacios naturales protegidos, el reglamento de planeamiento urbanístico, la Agencia Tributaria Canaria y el patrimonio de la comunidad autónoma. Incluye la legalización territorial y ambiental de edificaciones y explotaciones ganaderas que están en explotación sin títulos administrativos.

Regula en Aragón los perros de asistencia y las unidades de vinculación (persona usuaria y perro). Establece su clasificación, requisitos sanitarios, identificación y reconocimiento, y crea registros de perros y de centros de adiestramiento. Fija derechos de acceso al entorno, obligaciones y un régimen sancionador.

La ley regula la calidad ambiental en el Principado de Asturias. Establece el acceso a la información y la participación pública, crea instrumentos para mejorar la calidad ambiental y fija autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente. También regula la vigilancia, el control y la disciplina ambiental.

Modifica la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Cambia cómo se regulan estas vías, que son caminos para el tránsito del ganado. Incluye reglas sobre expedientes en tramitación y su entrada en vigor.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: fija los gastos e ingresos de la administración y sus entes, regula las modificaciones de crédito, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula la accesibilidad universal en La Rioja para que las personas con discapacidad puedan usar en igualdad de condiciones los espacios públicos, los edificios, el transporte, la comunicación y los servicios. Crea órganos de control y promoción, como la Oficina Riojana de Accesibilidad Universal y el Consejo para la Accesibilidad, y establece un régimen de sanciones.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2023 en La Rioja. Incluye la suspensión del impuesto autonómico sobre eliminación de residuos en vertederos y cambios en tasas y en varias áreas de gestión. También regula aspectos de gratuidad de material escolar, contratación, empleo público, farmacia, salud, servicios sociales, infraestructuras, cooperativas de vivienda y ganadería.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.