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España ratifica el Acuerdo de la ONU sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas fuera de la jurisdicción nacional (alta mar). El Acuerdo regula los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión por áreas (incluidas áreas marinas protegidas), las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología.

España aplica de forma provisional, desde el 25 de junio de 2025, la Enmienda de 2009 al artículo 6 del Protocolo de Londres. Esta enmienda permite exportar dióxido de carbono a otros Estados para almacenarlo de forma permanente bajo el fondo marino.

Estas enmiendas retiran los fangos cloacales de las listas del Protocolo de Londres que permiten su vertimiento al mar. Desde su entrada en vigor no se pueden dar nuevos permisos para verterlos, y los permisos ya concedidos pueden mantenerse hasta su vencimiento y, como máximo, hasta el 31 de mayo de 2027.

Regula cómo se crean y funcionan los tres órganos que representan y gobiernan la laguna del Mar Menor y su cuenca: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, dentro de la Tutoría del Mar Menor. Desarrolla la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.

Publica la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. La estrategia analiza el escenario marítimo hasta 2030, identifica riesgos y amenazas y fija objetivos dentro del marco de la Seguridad Nacional.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Modifica normas de la Región de Murcia para simplificar trámites administrativos en medio ambiente, medio natural e investigación agrícola y medioambiental. Incluye cambios en la Ley de Protección Ambiental Integrada y en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.