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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2026, que establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal de Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, control de especies cinegéticas, simplificación agraria y medidas fiscales.

Establece medidas urgentes para reparar los daños y pérdidas causados por las tormentas e inundaciones ocurridas en Aragón entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2025. Incluye subvenciones y compensaciones para viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, empresas e infraestructuras públicas.

Publica las cuantías actualizadas de las indemnizaciones por daños y perjuicios a personas en accidentes de circulación. La actualización aplica un 2,8 % desde el 1 de enero de 2025, el mismo porcentaje de revalorización de las pensiones.

Actualiza los límites de indemnización del Convenio de Montreal sobre transporte aéreo internacional. Fija nuevas cuantías en derechos especiales de giro para daños a pasajeros, retrasos, equipaje y carga. Se aplica a todos los Estados parte desde el 28 de diciembre de 2024.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

Publica las cuantías actualizadas de las indemnizaciones por daños y perjuicios a personas en accidentes de circulación para 2024. Estas cuantías suben un 3,8 %, el mismo porcentaje de revalorización de las pensiones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra tres preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, esos preceptos quedan suspendidos.

Actualiza el importe que se paga por usar el coche o la moto propia en un viaje de trabajo de la Administración General del Estado. Fija 0,26 euros por kilómetro en automóvil y 0,106 euros por kilómetro en motocicleta, y deroga la orden anterior de 2005.