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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 8/2022 de Andalucía, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros. El recurso lo presentan diputados de varios grupos parlamentarios.

Regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC) en Cataluña. Crea autorizaciones de ámbito urbano con condiciones específicas y fija el régimen de infracciones y sanciones. Se aplica cuando termina el periodo transitorio de cuatro años del Real Decreto-ley 13/2018.

Modifica la Ley 20/1998 de transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para incluir en su regulación la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Ajusta la norma autonómica a la estatal, que reserva a estas autorizaciones el transporte interurbano.

Establece las obligaciones de registro documental y de comunicación de datos que deben cumplir las personas o empresas que se dedican al hospedaje y al alquiler de vehículos a motor. Regula los partes de entrada de viajeros, las hojas de servicios y el tratamiento de los datos personales recogidos.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece las condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 25/2020. El cuarto tramo, de 500 millones de euros, financia inversiones y liquidez de pymes y autónomos del turismo, hostelería y actividades conexas. El quinto tramo, de 500 millones, refuerza los reavales de CERSA para pymes de todas las zonas.

Fija reducciones mínimas en la oferta de transporte de viajeros durante el estado de alarma por COVID-19: al menos un 70% en trenes de media distancia, autobuses, aviones y barcos, y entre un 20% y un 50% en cercanías. También permite abrir oficinas de alquiler de coches sin conductor.

Establece instrucciones sobre transporte por carretera y aéreo durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite que las tarjetas de cualificación de conductores (CAP) sigan vigentes aunque no puedan renovarse, y regula la apertura de oficinas de alquiler de vehículos sin conductor y las condiciones de uso de ciertos transportes terrestres de viajeros.