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Establece nuevos estándares de competencias profesionales y suprime otros en diez familias profesionales, como Administración y Gestión, Agraria, Energía y Agua o Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Estos estándares forman parte del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y sirven de referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de trece familias profesionales recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares sirven para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional y para reconocer y acreditar competencias.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Regula cómo se obtiene, se mantiene y se pierde el título de entidad colaboradora de la administración hidráulica (ECAH). Estas entidades certifican datos sobre extracción de agua, vertidos, calidad de las aguas y seguridad de presas y embalses ante los organismos de cuenca.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

Regula los grados A, B y C de Formación Profesional en cuatro familias profesionales: Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua e Industrias Extractivas. Establece los títulos, su duración, acceso, profesorado, espacios y equipamientos, y la correspondencia con los estándares de competencias profesionales.

Modifica el artículo 29 bis de la legislación de aguas de Cataluña. La norma se enmarca en la gestión de episodios de sequía en las cuencas internas de Cataluña y en las reglas de explotación y medidas aplicables según el estado de sequía.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

Aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que regula cómo se producen, suministran y usan las aguas regeneradas. Establece autorizaciones y concesiones, requisitos de calidad, control del riesgo y régimen sancionador, y modifica otras normas sobre gestión del agua.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece el régimen para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para regular la tramitación de concesiones y las condiciones ambientales.