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Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para gastos en el ámbito de la salud. También incluye una medida administrativa y una disposición sobre pensiones.

Regula la protección de la seguridad y la salud de las personas que trabajan en el servicio del hogar familiar. Establece cómo evaluar los riesgos del trabajo, qué medidas preventivas adoptar, cómo informar y formar a las trabajadoras y cómo vigilar su salud.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2024, que adopta medidas urgentes para simplificar y mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo y completa la transposición de una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional.

Modifica la protección por desempleo de nivel asistencial para simplificarla y mejorar su acceso, y regula nuevos permisos de conciliación familiar, como un permiso parental hasta los ocho años del menor y cambios en el permiso de lactancia.

Establece cómo se aplica el Convenio de Seguridad Social entre España y Moldavia. Designa los organismos de enlace e instituciones competentes de cada país y fija procedimientos para solicitar y tramitar pensiones, invalidez y prestaciones por accidentes de trabajo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social. El tribunal que la plantea duda de que estas normas respeten los artículos 14 y 39 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 7/2023, que regulaba medidas urgentes para trasponer una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional y para simplificar y mejorar la protección por desempleo.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para regular un nuevo permiso parental no retribuido hasta los 8 años del menor y mejorar el permiso de lactancia, y reforma la protección por desempleo para simplificar y mejorar su nivel asistencial.

Modifica el Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Cambia requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y ajusta cuantías e intensidades de servicios y prestaciones.

Modifica la normativa que regula la prestación económica de la Seguridad Social para progenitores, guardadores o acogedores que reducen su jornada para cuidar a menores de 18 años con cáncer u otra enfermedad grave. Actualiza las condiciones de acceso, cuantía, duración y gestión de esta prestación.

Modifica el Real Decreto 1851/2009, que regula la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad igual o superior al 45 %. Reduce a cinco años el tiempo de cotización exigido y actualiza la referencia legal y el procedimiento para incluir nuevas patologías.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Real Decreto-ley 6/2019, que establece medidas urgentes para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. La sentencia analiza si el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la norma.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, sobre medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.