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La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para pagar el alquiler de la vivienda habitual. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 9 de agosto de 2021 y los préstamos se pueden formalizar hasta el 9 de septiembre de 2021.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para pagar el alquiler de la vivienda habitual, dentro de la línea de ayudas COVID-19. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de mayo de 2021 y los préstamos formalizar hasta el 30 de junio de 2021.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para inquilinos de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de noviembre de 2020 y la firma de los préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Define los criterios y requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda habitual para acceder a préstamos avalados por el Estado y con gastos e intereses subvencionados, destinados a pagar el alquiler. Regula las condiciones de los préstamos, la presentación de solicitudes, el pago al arrendador y el control de las ayudas.