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La ley regula el apoyo, la asistencia y el reconocimiento a las víctimas de terrorismo en Extremadura. Establece indemnizaciones por fallecimiento, daños físicos o psíquicos y daños materiales, y acciones asistenciales en sanidad, educación, empleo y vivienda. También crea un centro de estudios y medidas de memoria y reconocimiento.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Amplía de uno a dieciocho meses el plazo para presentar la cuenta justificativa de las ayudas recibidas para reparar viviendas dañadas por el terremoto de Lorca de 2011. También aplica este sistema a expedientes en tramitación y a comunidades de propietarios.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.

Modifica el artículo 27.2 de la Ley de Caza del País Vasco sobre las zonas de seguridad. Mantiene la prohibición de cazar con armas en esas zonas y permite a la diputación foral autorizar excepciones en puestos fijos ya existentes y en determinadas zonas cuando haya razones de interés público.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.