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Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago, la justificación y los reintegros.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales de su litoral. El traspaso incluye la potestad sancionadora y se formaliza mediante un acuerdo de la Comisión Mixta.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Establece las bases y abre la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para el «Plan DANA Ocupación». Este plan financia la contratación de personas trabajadoras en municipios afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024, para tareas de reconstrucción y recuperación económica.

Establece el procedimiento para elaborar el Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional en el nivel de Comunidades y Ciudades Autónomas. Crea un grupo de trabajo que recogerá inventarios de recursos y elaborará un borrador, que se integrará con el catálogo estatal y se elevará al Gobierno para su aprobación.

Establece los tramos de carreteras donde pueden circular los conjuntos euro-modulares, que son camiones con dos o más remolques, en el territorio donde la Dirección General de Tráfico vigila el tráfico. Fuera de esos tramos no se permite su circulación.

Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Establece excepciones temporales para que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y del sector vitivinícola puedan cumplir las normas de las ayudas de la Política Agrícola Común tras los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. También modifica varios reales decretos de estos sectores.

Publica el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que aprueba el procedimiento para elaborar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. La estrategia se revisa cada cinco años y la aprobará el Gobierno mediante real decreto.

Declara el fin de la emergencia de interés nacional en Extremadura y Madrid, que se había activado por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. La medida se toma tras comunicar ambas comunidades que la situación es de normalidad en los servicios públicos.

Deja sin efecto la declaración de emergencia de interés nacional por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025 en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana. La orden produce efectos desde su adopción y se comunica a las comunidades afectadas.

Declara la emergencia de interés nacional en Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. El Ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones y de los recursos estatales, autonómicos y locales en esas zonas.

Amplía a Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana la declaración de emergencia de interés nacional ya aprobada por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. Estas tres comunidades habían pedido que se extendiera a su territorio.

Amplía las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, aprobando el Acuerdo de la Junta de Transferencias de 25 de marzo de 2025.