Buscar en el BOE

Modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de la Administración Penitenciaria el carácter de agentes de la autoridad. También añade que sus informes tienen valor probatorio en expedientes disciplinarios y que la Administración debe indemnizarles por daños sufridos en el trabajo.

Regula cómo se devuelven los anticipos a cuenta de las ayudas previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2024, aprobado tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija los requisitos y el procedimiento para ese reintegro y deroga las normas anteriores que se opongan.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.

Autoriza a determinados organismos y entidades del sector público institucional estatal a concertar operaciones de crédito extraordinarias hasta unos importes máximos fijados para cada uno. Esta autorización es adicional e independiente de los límites de endeudamiento de la Ley de Presupuestos vigente.

España se adhiere al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, que aplica las normas de seguridad del Protocolo de Torremolinos a los buques pesqueros. Con una declaración, España concreta cómo aplicará esas normas a los buques de pesca de 24 metros de eslora o más.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Adopta medidas urgentes complementarias para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Incluye el destino del superávit presupuestario de Canarias a ayudas, cambios en el IRPF, la suspensión de pagos de préstamos y créditos, y la modificación de normas anteriores de apoyo.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.