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Modifica el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes para incluir tres sustancias: el metoxicloro, el Declorano Plus y el UV-328. Fija qué usos y producciones quedan prohibidos y qué exenciones específicas se permiten.

Regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros que contienen plástico y de los filtros de un solo uso. Establece obligaciones de marcado, recogida separada y responsabilidad ampliada del productor, con sistemas individuales o colectivos de financiación.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade un punto al apartado 9.a) para permitir el uso de cromo hexavalente como protector contra la corrosión en bombas de calor de absorción impulsadas por gas.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Establece el sistema de recursos propios de la Unión Europea: las categorías de ingresos con los que se financia, cómo se calculan y los límites máximos. Incluye medios extraordinarios y temporales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y deroga la decisión anterior de 2014.

Regula cómo se eliminan los residuos depositándolos en vertederos. Establece qué residuos pueden admitirse, cómo se autorizan y controlan las instalaciones y qué obligaciones tienen al cerrarse. También fija objetivos para reducir el vertido y criterios de admisión.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Sanidad dictadas durante el estado de alarma por el COVID-19: una sobre gestión de residuos y otra sobre la flexibilización de restricciones en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Permite transportar desechos médicos sólidos o clínicos de Categoría A destinados a su eliminación bajo el número ONU 3549, con reglas propias de embalaje y etiquetado. Establece cómo clasificar estos desechos y qué envases se autorizan. El acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2020.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.