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La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 9/2024, que contenía medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social. La derogación se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar la forma de presentar los informes sobre proyecciones de emisiones de contaminantes atmosféricos. El cambio ajusta el nivel de detalle de esas proyecciones a las nuevas directrices del Convenio CLRTAP y a la Directiva Delegada (UE) 2024/299.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros que contienen plástico y de los filtros de un solo uso. Establece obligaciones de marcado, recogida separada y responsabilidad ampliada del productor, con sistemas individuales o colectivos de financiación.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Desarrolla la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030 y regula la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de hospitales, instalaciones de pequeño tamaño e instalaciones que emiten menos de 2.500 toneladas. Establece las solicitudes, requisitos de verificación, obligaciones de seguimiento y régimen sancionador de las instalaciones excluidas.

Modifica el anexo A del Convenio de Minamata sobre el Mercurio para fijar qué productos con mercurio añadido dejan de poder producirse, importarse o exportarse y a partir de qué fecha. También establece medidas para reducir el uso de amalgama dental.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.