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Establece instrucciones sobre jornada y horarios del personal de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Fija la jornada ordinaria en 35 horas semanales y amplía la flexibilidad horaria para la conciliación, incluyendo a las personas cuidadoras.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Publica el acuerdo por el que la Comunidad Foral de Navarra asume la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital en su territorio. Navarra se encarga de informar, tramitar, resolver, controlar y pagar esta prestación a las personas residentes en Navarra.

Publica el acuerdo por el que el País Vasco asume la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital en su territorio. El acuerdo se recoge en un convenio entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma.

Establece las instrucciones para que el personal laboral fijo del IV Convenio Único de la Administración General del Estado pueda solicitar la jubilación parcial. Fija los requisitos, la documentación y el procedimiento de solicitud ante la unidad de personal correspondiente.

Establece las instrucciones para que el personal laboral fijo del IV Convenio Único de la Administración General del Estado pueda solicitar la jubilación parcial, con reducción de jornada entre el 25% y el 50%, y regula los requisitos y el procedimiento.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.