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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Adapta la Orden ESS/1187/2015 a los cambios del Real Decreto 1060/2022 sobre la gestión de la incapacidad temporal. Elimina la entrega de copias en papel de los partes de baja, confirmación y alta a la persona trabajadora y su presentación a la empresa. La comunicación de esos partes pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Modifica la norma que regula la gestión y control de la incapacidad temporal en sus primeros 365 días. Suprime la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinada a la empresa y su presentación por esta. La comunicación de los partes y de los datos necesarios pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Modifica una orden anterior para que, durante el estado de alarma por COVID-19, los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recoger en la farmacia sus medicamentos sin el sello de visado previo y con recetas prorrogadas. Así se evita que tengan que acudir al médico solo para renovar recetas de tratamientos crónicos.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, esta orden suprime temporalmente la obligación de estampillar el sello de visado en las recetas de ciertos medicamentos para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. También permite a estas mutualidades adoptar medidas para que sus afiliados reciban medicamentos de hospitales privados concertados.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, que fija la edad de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud. La sentencia declara nula en parte esa disposición por invadir competencias del Estado en materia laboral.