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Establece los criterios y prioridades que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben seguir en 2027 al planificar sus actividades preventivas. Incluye programas de asesoramiento técnico a pymes y a empresas de sectores con más siniestralidad, y actuaciones alineadas con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, que trata la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2026. Fija criterios y prioridades, con especial atención a pequeñas empresas y sectores con mayor siniestralidad en 2024.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2025. Fija criterios y prioridades, con especial atención a las pequeñas empresas y a los sectores con más accidentes de trabajo en 2023.

Actualiza las cantidades fijas que se pagan como indemnización por lesiones, mutilaciones y deformidades definitivas que no causan incapacidad permanente, sufridas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La actualización sigue la evolución del Índice de Precios de Consumo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2022.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

Regula el procedimiento para reconocer los derechos por enfermedad profesional y por accidente en acto de servicio del personal incluido en el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial. Establece cómo se inicia y tramita el expediente para averiguar las causas y la relación con el servicio, y los plazos para resolver.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.