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Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Establece un marco entre España y Guatemala para regular la contratación de trabajadores guatemaltecos en España y de españoles en Guatemala. Distingue entre trabajadores estables (al menos un año) y de temporada (hasta nueve meses al año), y fija cómo se comunican las ofertas de empleo, las condiciones laborales y el retorno.

Establece un marco común para que las personas que teletrabajan de forma habitual desde un país distinto al de su empresa puedan solicitar una excepción y mantener la seguridad social del país donde está la empresa. Fija definiciones, ámbito, procedimiento y Estado depositario.

Regula la situación asimilada a la de alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero por empresas que actúan en España. Establece los supuestos, la duración, la vinculación voluntaria, las obligaciones de información y la acción protectora. Deroga la orden de 1982 que regulaba esta materia.

Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2022, que establece medidas para mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y el funcionamiento de la cadena logística. También incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2020/1057 sobre el desplazamiento de conductores del sector y medidas excepcionales de revisión de precios en contratos públicos de obras.

Establece un convenio de Seguridad Social entre España y Senegal para coordinar la protección de los trabajadores que han trabajado en ambos países. Regula qué legislación se aplica, cómo se suman los periodos cotizados y cómo se calculan y pagan las pensiones y prestaciones.

Establece las medidas prácticas para aplicar el Convenio de Seguridad Social entre España y Senegal. Designa qué organismos de cada país gestionan las prestaciones y cómo se tramitan las solicitudes de jubilación, muerte y supervivencia, y de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, que trasladaba la gestión de las clases pasivas del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia declara nulos los preceptos que modifican ese régimen de gestión por no justificarse la urgencia exigida al decreto-ley.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 38/2020, que adopta medidas para adaptarse a que el Reino Unido sea un Estado tercero tras el fin del período transitorio del Acuerdo de retirada de la Unión Europea. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.