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Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios para ejecutar la legislación laboral del Estado sobre autorizaciones iniciales de trabajo, por cuenta propia o ajena, de personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas funciones se suman a las ya transferidas por el Real Decreto 895/2011.

Fija el importe de las tasas que se pagan por tramitar autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería. Adapta estas cuantías al nuevo Reglamento de la Ley de extranjería aprobado en 2024 y sustituye a la orden anterior de 2011.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regulaba la alerta sanitaria y las medidas frente a la covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos para adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud, y extiende la nulidad a otros preceptos por conexión.

Modifica la Orden ISM/680/2022, que regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Cambia el periodo de asignación para que no coincida con el año natural y ajusta la planificación y asignación de actuaciones, prestaciones y servicios.

Establece la cooperación entre las autoridades de seguridad ferroviaria de Portugal y España para los tramos de vía que unen ambos países. Regula cómo se reconocen los certificados de seguridad de las empresas ferroviarias y las autorizaciones de vehículos en esas secciones fronterizas.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

Modifica el Reglamento de Extranjería para adaptar las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras al nuevo marco de contratación laboral. Actualiza figuras como el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y crea una unidad para tramitar expedientes de extranjería.

Desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada, regulando los requisitos y el procedimiento de autorización de entidades, la ejecución y el pago, el seguimiento y control, y el intercambio de información. También aplica estas reglas a los programas de atención humanitaria a personas migrantes.

Establece la cooperación entre las autoridades de seguridad ferroviaria de Francia (EPSF) y España (AESF) para coordinar la autorización, certificación y supervisión de operadores y vehículos ferroviarios en el tráfico transfronterizo. Se aplica a solicitudes de certificados de seguridad, autorizaciones de vehículos y autorizaciones de seguridad en tramos fronterizos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.

Modifica el reglamento de extranjería para cambiar cómo se documenta a los menores extranjeros no acompañados tutelados en España y cómo se renueva o se obtiene permiso de residencia y trabajo al cumplir los 18 años.

Regula cómo se certifica oficialmente que los vegetales y productos vegetales españoles cumplen los requisitos fitosanitarios del país de destino antes de exportarlos. Establece obligaciones para exportadores, entidades auditoras, agentes de control y laboratorios, y el procedimiento para expedir los certificados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Prorroga automáticamente las autorizaciones temporales de estancia, residencia y trabajo de personas extranjeras en España, así como las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y de residencia de larga duración, durante el estado de alarma por el COVID-19. También prorroga visados de larga duración y estancias de hasta noventa días.