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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

El Tribunal Constitucional levanta en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley valenciana 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana, que había sido recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se había acordado al admitir el recurso y ahora se revisa antes de que terminen los cinco meses previstos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

Modifica la Ley 3/2024 para ampliar las medidas urbanísticas que permiten aumentar la oferta de vivienda de protección pública. Facilita el cambio de uso de edificios y parcelas de oficinas a vivienda protegida en alquiler sin recalificar el suelo.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Modifica la Ley de Urbanismo de Cataluña y otras normas para adaptar la ordenación del territorio, el urbanismo y la contratación pública a los municipios rurales. Desarrolla medidas de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales para favorecer el arraigo, la repoblación y el equilibrio territorial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, en lo que se aplican a actuaciones de competencia estatal. Anula en parte un precepto y declara que otros deben interpretarse conforme a la Constitución.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Modifica la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. En el suelo, regula la vigencia y posible prórroga del informe ambiental estratégico. En cooperativas, cambia el apartado primero de su disposición transitoria segunda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, solo en lo que se apliquen a actuaciones de competencia estatal. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida en ese ámbito desde el 1 de abril de 2026 para las partes y desde la publicación en el BOE para terceros.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. El recurso se refiere al artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta, en lo relativo a conjuntos de edificaciones en la costa. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de esos preceptos.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección en Canarias. Establece reglas sobre tala y poda, obliga a los municipios a hacer inventarios de sus árboles y crea un régimen sancionador.