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Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Actualiza el objetivo de venta o consumo de biocarburantes para 2026, modificando el Real Decreto 1085/2015 de fomento de los biocarburantes. Fija las nuevas metas que deben cumplir los proveedores de combustible ese año.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de capitalidad de Palma y regula aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Palma y al Consejo Insular de Formentera. También cambia normas sobre temporalidad y función pública, y trata el transporte de residuos de Formentera a Ibiza y la reserva de biosfera de Menorca.

Fija qué información deben enviar los sujetos obligados para que se les reconozcan los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico a efectos del objetivo de venta o consumo de biocarburantes y otros combustibles renovables en transporte. La información se puede remitir desde el 15 de mayo de 2025, cuando el sistema SICBIOS habilite los certificados tipo E.

Regula la concesión directa de subvenciones a proyectos españoles que participan en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo del hidrógeno en la movilidad y el transporte. Se enmarca en el Plan de Recuperación y se financia con fondos europeos Next Generation EU.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 9/2024, que contenía medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social. La derogación se publica en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Actualiza, modifica parcialmente y suprime varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Textil, Confección y Piel; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. También fija la correspondencia entre unidades de competencia suprimidas y sus equivalentes actuales.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

Modifica varios reales decretos que regulan títulos de Formación Profesional de grado medio y sus enseñanzas mínimas. Cambia aspectos como las cualificaciones profesionales, los módulos, el profesorado, las convalidaciones y los anexos de varios títulos. También regula una modalidad destinada al personal militar.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica la convocatoria de 2021 de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Aclara cómo se acredita el compromiso de implantar una zona de bajas emisiones y cuándo ese retraso no obliga a devolver la ayuda.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

Actualiza y modifica parcialmente varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Informática y Comunicaciones, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. También fija la correspondencia entre unidades de competencia suprimidas y sus equivalentes actuales.