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Regula el uso de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa para producir energía en España. Establece el principio de uso en cascada de la biomasa forestal y limita las ayudas públicas a la producción de energía con determinada madera. Modifica normas anteriores sobre energía eléctrica y criterios de sostenibilidad.

Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Establece los criterios y requisitos técnicos de seguridad nuclear y protección radiológica que debe cumplir el desmantelamiento de instalaciones nucleares. Regula la organización, la planificación, la ejecución de las actividades, la verificación de la seguridad y la declaración de clausura.

Modifica la Ley Foral 17/2020, que regula las actividades con incidencia ambiental, para ordenar la implantación de plantas de biometanización en explotaciones agroganaderas de Navarra. Establece un marco para estas instalaciones, que gestionan residuos y producen energía renovable.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en la comarca. Las actuaciones se refieren al ciclo del agua, la gestión de residuos urbanos, equipamientos municipales y digitalización.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualiza las excepciones que permiten usar plomo en pastas de soldadura de alta temperatura, en componentes de vidrio o cerámica y como elemento de aleación en acero, aluminio y cobre.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

Modifica el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes para incluir tres sustancias: el metoxicloro, el Declorano Plus y el UV-328. Fija qué usos y producciones quedan prohibidos y qué exenciones específicas se permiten.

Regula cómo las oficinas y servicios de farmacia devuelven y destruyen sustancias estupefacientes y psicotrópicas y medicamentos estupefacientes caducados, de uso humano o veterinario. También fija el procedimiento para los residuos de estos medicamentos que se generan en los domicilios y la conservación de registros.

Establece qué sustancias y objetos obtenidos en un proceso de producción se consideran subproductos y no residuos, conforme a la Ley 7/2022. Fija los requisitos que deben cumplirse, las obligaciones de productores y usuarios, el control de las comunidades autónomas y el traslado dentro de la Unión Europea.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.