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Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos que renaturalicen y restauren ecológicamente terrenos agrarios y forestales. La Fundación Biodiversidad gestiona estas ayudas, que buscan ecosistemas más ricos en biodiversidad y mejor adaptados al cambio climático.

Modifica el artículo 5 de la Orden APA/383/2025 para eliminar la exigencia de que los beneficiarios de las ayudas financiadas con fondos europeos sean elegibles para las ayudas directas de la PAC de 2024. Ajusta así el requisito a la nueva configuración de los fondos destinados a compensar pérdidas de renta por la DANA.

Elimina la limitación que reservaba los fondos europeos del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/441 a una sola modalidad de ayuda. Así, esos fondos podrán financiar todas las modalidades de ayuda para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias afectadas por la DANA.

Aprueba una ayuda directa para compensar las pérdidas de producción agraria causadas por la sequía de 2024 en Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona. La ayuda se dirige a los cultivos de frutos de cáscara, como el almendro y el avellano.

Modifica la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Establece dos modalidades de ayuda: una por daños en las producciones agrarias y otra por daños en la infraestructura productiva, y fija el procedimiento de concesión.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Establece ayudas económicas para explotaciones agrarias de Cataluña afectadas por la sequía, en especial cultivos leñosos, herbáceos, maíz, arroz y fruta dulce. También regula el control de la fauna cinegética y modifica normas sobre cooperativas, incendios y servicios sociales.

Modifica las bases de las subvenciones a entidades nacionales de mujeres rurales para financiar actividades como jornadas. Introduce el régimen de «módulos» para justificar los fondos y establece el pago anticipado sin garantía previa.

Regula ayudas temporales excepcionales para titulares de explotaciones agrícolas de Extremadura afectadas por la sequía y por el aumento de costes de producción. Las ayudas se dirigen a cultivos como tomate, arroz y maíz, con especial atención a la zona regable del Canal de Orellana.

Modifica varias órdenes ministeriales sobre control y certificación de semillas para permitir el uso de técnicas bioquímicas y moleculares como método complementario en el examen de la identidad de la variedad. Adapta la normativa española a la Directiva de Ejecución (UE) 2021/971.

Modifica tres reales decretos de 2014 que aplican en España la Política Agrícola Común. Cambia normas sobre pagos directos a la agricultura y la ganadería, derechos de pago básico y condicionalidad. El objetivo que indica es simplificar procedimientos y clarificar conceptos.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

Regula un programa de ayudas para mejorar la eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Las comunidades autónomas reciben la financiación de forma directa y luego conceden las ayudas a los destinatarios finales. El programa se financia con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.