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Establece un marco de cooperación policial entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar para que los agentes de un país puedan continuar la vigilancia de una persona en el territorio del otro y no interrumpir la persecución. Crea un grupo de trabajo conjunto y fija condiciones para esas actuaciones.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos y apartados del decreto relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y desestima el resto del recurso.

Modifica la Ley ferroviaria de Cataluña para tipificar y sancionar conductas que ensucian o deterioran las infraestructuras ferroviarias, como las pintadas. Ajusta varios artículos del régimen sancionador y añade un artículo nuevo sobre estas conductas.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento, sin convocatoria pública. Fija las entidades beneficiarias, el procedimiento, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Crea 500 nuevas unidades judiciales para 2026 y ajusta la planta judicial. Las plazas se reparten entre Tribunales de Instancia, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. También fija agrupaciones de partidos judiciales en materia de violencia sobre la mujer.

Amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adaptarla a la creación de quinientas unidades judiciales de la programación de 2026. Fija la plantilla de la Carrera Fiscal y deroga las normas anteriores que se opongan.

Crea una vocalía adicional en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que pasa a tener seis vocales. El tribunal resuelve recursos especiales en materia de contratación pública de la Administración General del Estado, siete comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Gobierno de Aragón y declara conforme a la Constitución la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La sentencia aprecia la pérdida parcial de objeto del proceso respecto de algunos puntos, siguiendo doctrina anterior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, en lo que se aplican a actuaciones de competencia estatal. Anula en parte un precepto y declara que otros deben interpretarse conforme a la Constitución.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra el artículo único de una ley de la Región de Murcia que modifica los límites del Parque Regional de Sierra Espuña. El recurso se dirige contra la Ley 1/2026, que cambia la Ley 6/1995 sobre esos límites.