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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

La ley tipifica como infracciones administrativas las agresiones a profesionales sanitarios y demás personal de la red sanitaria pública de la Región de Murcia cuando actúan en sus funciones. Establece las sanciones correspondientes y el procedimiento para imponerlas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra varios artículos y una disposición final de la Ley 10/2025, que regula los servicios de atención a la clientela. El recurso cuestiona también la modificación que esa ley hace de la Ley 44/2002 sobre reforma del sistema financiero.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 c) del Decreto-ley 11/2020 de las Illes Balears, que creó un régimen sancionador para incumplir las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión interna sobre los artículos 555.1 y 556 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Interpreta que los letrados de la administración de justicia solo pueden corregir a abogados y procuradores en las actuaciones que se celebren ante ellos en la oficina judicial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados contra varios preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Declara que esos preceptos son conformes con la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La sentencia declara constitucionales los preceptos impugnados relativos a la perspectiva de género, el acceso al empleo y la vivienda, la financiación de centros educativos y los ilícitos administrativos.

Modifica el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía en Cataluña y su régimen sancionador para hacer frente a la sequía. Incluye medidas sobre sanciones a entes locales y limitaciones de consumo en alojamientos turísticos.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el último párrafo del artículo 17 bis.1 de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal, por lo que ha perdido su objeto.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso que fija una sanción mínima de 5.000 euros por superar el límite de gastos electorales. La nulidad se extiende a otros preceptos de la misma ley que establecen sanciones mínimas similares.