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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El recurso afecta a los artículos 15.1 f), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 (segundo párrafo), 16.9, 16.10, 16.11, 17, 18.1, 18.2, 21 y 29.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan estatal para controlar que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados usados en España se hayan obtenido legalmente. El plan desarrolla el Protocolo de Nagoya y el Reglamento (UE) n.º 511/2014.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que reformaba la regulación para fomentar la actividad productiva. Anula varios preceptos: los que reforman la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía, los reglamentos sobre suelos contaminados y vertidos, y el decreto de municipio turístico.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. La sentencia examina si la ley respeta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los derechos y principios constitucionales invocados.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. El motivo es que la norma de urgencia no justificó de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar un decreto-ley.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de varios preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 1/2023, sobre medidas urgentes para la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.