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La ley regula la actuación de la Generalitat Valenciana para reconocer a las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo, y para promover la convivencia. Crea la Unidad Valenciana de la Concordia y regula los lugares y documentos de la concordia y un catálogo de vestigios.

Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.

La ley regula el Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano de consulta técnica y jurídica del Gobierno autonómico, las entidades locales y las universidades públicas andaluzas. Define su naturaleza, composición, funciones, funcionamiento, procedimiento de emisión de dictámenes y su personal.

Modifica la Ley 11/2016 que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Cambia su artículo 1 y otros aspectos sobre su naturaleza jurídica, el estatuto de las personas denunciantes y el régimen de su dirección.

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en materia de vivienda en Cataluña. Regula aspectos como el depósito de fianzas de alquiler y la protección de consumidores en el mercado inmobiliario, entre otros.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2024 de Aragón, que derogó la ley de memoria democrática aragonesa de 2018. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

Modifica la Ley 11/1997 que regula el sector eléctrico en Canarias. Actualiza y armoniza las normas sobre generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad en el archipiélago.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una impugnación del Gobierno contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña que admitió una iniciativa legislativa popular sobre la independencia de Cataluña. La admisión suspende ese acuerdo desde el 27 de marzo de 2024.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.