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El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Modifica la Ley de Cantabria 1/2023 sobre reconocimiento y dignidad a las víctimas del terrorismo. Amplía quién puede cobrar las indemnizaciones, incluyendo a herederos de personas fallecidas antes del 15 de abril de 2023, y fija en dieciocho meses el plazo para presentar solicitudes.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.

Revisa las cuantías del anexo del Reglamento 1/2008 sobre indemnizaciones por participar en tribunales de oposiciones y otros procesos de selección de la Carrera Judicial. Fija nuevos importes por asistencia para presidencia y secretaría, vocalías y personal colaborador.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid para ampliar las ayudas a las víctimas del terrorismo. Incluye indemnizaciones por daños personales y ayudas extraordinarias, complementarias de las estatales, y fija la cuantía en el 30 % de lo concedido por el Estado.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Publica las cuantías actualizadas de las indemnizaciones por daños y perjuicios a personas en accidentes de circulación. La actualización aplica un 2,8 % desde el 1 de enero de 2025, el mismo porcentaje de revalorización de las pensiones.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

Publica las cuantías actualizadas de las indemnizaciones por daños y perjuicios a personas en accidentes de circulación para 2024. Estas cuantías suben un 3,8 %, el mismo porcentaje de revalorización de las pensiones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra tres preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, esos preceptos quedan suspendidos.