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El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El conflicto se refiere a la disconformidad del Gobierno con la tramitación de dos enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado a una proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado alega que el Gobierno no ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026, y cuestiona el uso de prórrogas presupuestarias en esos años.

El Tribunal Constitucional responde al requerimiento del Senado sobre si el artículo 2.4 del Tratado de amistad y cooperación con Francia contradice la Constitución. Ese artículo prevé que un miembro del Gobierno de una parte sea invitado al Consejo de Ministros de la otra al menos cada tres meses. El Tribunal declara que el requerimiento ha perdido su objeto porque el precepto ya no contempla esa presencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre el Gobierno y el Senado. El Gobierno impugna acuerdos del Senado que rechazaron su disconformidad con la tramitación de varias enmiendas a un proyecto de ley sobre pérdidas y desperdicio alimentario.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre el Senado y el Gobierno. El Senado impugna el acuerdo del Gobierno que rechazó por motivos presupuestarios la tramitación de cuatro enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 15/2021, que creó el fondo complementario de riesgos de la Generalitat. La extinción se debe a que la norma autonómica ya había sido anulada por la sentencia 121/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña, que creó un fondo complementario de riesgos. La sentencia anula esa norma autonómica porque no se justificó la extraordinaria y urgente necesidad que exige el uso del decreto-ley.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Reforma el Estatuto de Autonomía de Aragón para eliminar el aforamiento de los diputados de las Cortes de Aragón y de los miembros del Gobierno de Aragón. También fija un mínimo de 14 escaños por provincia en las elecciones a las Cortes de Aragón.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña para cubrir las reclamaciones que se presenten contra empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Regula su finalidad, dotación mínima, gestión, riesgos cubiertos y condiciones para solicitar la cobertura.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Suprime el aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento de las Illes Balears y del presidente y miembros de su Gobierno. Desde su entrada en vigor, sus causas penales y civiles corresponden al órgano judicial que determine la ley, no al Tribunal Superior de Justicia ni al Tribunal Supremo por razón del cargo.