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Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de un propietario contra la resolución del Jurado de Expropiación de Galicia que fijaba el justiprecio de su finca. Anula la sentencia anterior y el acuerdo del Jurado, y reconoce el derecho a que el justiprecio se determine sin reducir la indemnización de los arrendatarios.

Modifica la ley gallega contra la violencia de género para incluir la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Se entiende por violencia vicaria el homicidio, asesinato u otra violencia sobre los hijos o personas cercanas a la mujer para causarle daño psicológico. El reconocimiento como víctima tiene efectos retroactivos.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendido un punto concreto del artículo 38.2 de la Ley de salud de Galicia, en la redacción dada por la Ley 8/2021, y levanta la suspensión del resto de ese artículo. La suspensión inicial se había publicado en el BOE el 29 de abril de 2021.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021, que modificó la Ley de salud de Galicia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y se dirige al apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008 en la nueva redacción.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un apartado de la Ley de salud de Galicia que modifica el artículo 38.2. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la norma impugnada queda suspendida en su vigencia y aplicación.