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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Pleno del Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2025 de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión afecta a preceptos que modifican la ley de identidad de género y a un artículo sobre función pública sanitaria.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifican normas sobre identidad de género y función pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

Reconoce la condición de agente de la autoridad al personal funcionario y directivo que trabaja en régimen interior y rehabilitación en centros penitenciarios de Cataluña. Regula esta atribución y la obligación de la Administración de indemnizar lesiones y daños materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La duda es si esa disposición vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 23.2 y 103.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo 7 y una letra de la disposición derogatoria única del Decreto-ley 5/2024 de las Illes Balears, que modifica normas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de Murcia, que permitía integrar en el grupo B a cabos de la policía local solo por tener una titulación. La sentencia declara nula esa previsión por invadir competencias estatales sobre función pública.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021 de Galicia, que modificó la Ley de salud gallega. La sentencia anula los preceptos autonómicos que habilitaban a órganos de Galicia a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir la reserva de ley orgánica.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Cataluña 15/2021, que creó el fondo complementario de riesgos de la Generalitat. La extinción se debe a que la norma autonómica ya había sido anulada por la sentencia 121/2024.