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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.seis de la norma gallega de tributos cedidos. El tribunal que la plantea duda de que ese artículo respete la Constitución y la ley que regula la financiación autonómica. Las partes del procedimiento pueden personarse en 15 días.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2024, que prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

El Real Decreto-ley 4/2024 prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Incluye medidas fiscales, energéticas, de transporte y sociales, como descuentos en el bono social eléctrico y apoyo al transporte público.

La Comunidad de Madrid cambia de forma temporal la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En lugar de la bonificación general del 100 %, se aplica una bonificación variable calculada por la diferencia entre la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio y la del impuesto estatal.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Parlamento de las Illes Balears contra la Ley de presupuestos de 2021. El Parlamento alegaba que la ley no aplicaba el factor de insularidad ni las medidas de transporte previstas en el régimen especial de las Illes Balears.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 88 de la Ley catalana 5/2020, que fijaba las cuantías del mínimo personal del tramo autonómico del IRPF. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre la hacienda general.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, que fija la financiación de las guarderías municipales. La sentencia analiza si esa norma respeta la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, redactados por la Ley 5/2020. Se cuestiona si vulneran varios artículos de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 88 de una ley catalana de medidas fiscales y de creación de un impuesto sobre instalaciones que afectan al medio ambiente. El recurso lo presenta el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Tribunal Supremo estima un recurso del Ministerio Fiscal y fija doctrina: los contratos de colaboración social firmados antes del 27 de diciembre de 2013 y vigentes al 31 de diciembre de 2014 siguen siendo válidos, sea la actividad temporal o permanente, y no se consideran contratos laborales.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.