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Modifica el modelo 718 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para que los contribuyentes no residentes en España puedan aplicar el límite de la cuota íntegra, igual que los residentes. Adapta el modelo a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico-Administrativo Central.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito. Declara nulas las disposiciones que habilitan al Gobierno para elaborar un estatuto del becario y un reglamento de seguridad y salud de menores trabajadores.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).

Regula cómo la Agencia Tributaria embarga por vía telemática los créditos que un deudor tiene pendientes de cobro a través de terminales punto de venta (TPV). Las entidades de crédito y proveedores de servicios de pago pueden adherirse a un sistema automatizado de intercambio de datos o usar formularios.

Aprueba el modelo 718 para declarar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y fija el lugar, la forma y los plazos de presentación. Este impuesto grava con una cuota adicional los patrimonios netos de personas físicas superiores a 3.000.000 de euros.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Regula los mercados de valores y los servicios de inversión en España. Establece el régimen de los valores negociables, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mercado primario, los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión. También fija normas de conducta, supervisión y sanción.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso de la ley canaria que exigía tener el domicilio social en Canarias para aplicar una deducción en el impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito. El tribunal considera que ese requisito vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 1/2017, que regulaba la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Declara nulos los preceptos que excluyen a las personas jurídicas y que imponen costas al consumidor que no acudió antes a la entidad de crédito, y fija una interpretación del precepto sobre costas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre un inciso de la Ley 4/2012 de Canarias, que se refiere al domicilio social de las entidades de crédito. Las partes en el recurso de amparo relacionado pueden personarse en el plazo de quince días.

Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.