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Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Canarias contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, que cambió el límite de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo en Canarias. La sentencia examina si esa modificación respetó el régimen económico y fiscal canario y el informe previo del Parlamento de Canarias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley del sector eléctrico canario. Declara nulo en parte ese precepto porque ampliaba el hecho imponible del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras al equiparar autorizaciones administrativas distintas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley del sector eléctrico canario. Quienes sean parte en el procedimiento judicial de origen pueden personarse ante el Tribunal en el plazo de quince días desde la publicación.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto que regula el bono social. Anula los artículos 12 a 17 y declara inaplicable el régimen de financiación del bono social, y reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley 11/1997, que regula el sector eléctrico canario. La cuestión la plantea el Tribunal Supremo y el Pleno se reserva su conocimiento.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable y el bono social. Anula los artículos 12 a 17 del real decreto y declara inaplicables ciertos preceptos sobre la financiación del bono social.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017 que lo desarrolla. La sentencia se dicta en los términos del fundamento de derecho séptimo y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Clidom Energy, SL contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica. Declara la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico y anula los artículos 13 a 16 del real decreto.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Naturgy contra el Real Decreto que regula el bono social eléctrico. Declara que no se aplique el régimen de financiación del bono social previsto en la Ley del Sector Eléctrico y reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por lo que pagó por ese concepto.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Iberdrola contra el Real Decreto 968/2014, que fija cómo se reparten las cantidades para financiar el bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Viesgo Infraestructuras Energéticas contra el Real Decreto 968/2014, que fija el reparto de la financiación del bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.