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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4.2, segundo párrafo, del Decreto-ley catalán 4/2019, que regula el alquiler de vehículos con conductor. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma balear que obliga a reservar con 30 minutos de antelación los servicios de alquiler de vehículos con conductor. Declara nulo ese precepto por vulnerar la libertad de empresa.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2.2 del Decreto-ley balear 1/2019, que regula el alquiler de vehículos con conductor. El Tribunal Supremo pregunta si ese artículo vulnera el artículo 38 de la Constitución, sobre la libertad de empresa.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 8/2022 de Andalucía, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros. El recurso lo presentan diputados de varios grupos parlamentarios.

Modifica la Ley 20/1998 de transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para incluir en su regulación la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Ajusta la norma autonómica a la estatal, que reserva a estas autorizaciones el transporte interurbano.