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Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley Foral de presupuestos de Navarra de 2023 que modificaban la ley foral de contratos públicos. Anula en parte el precepto navarro que ampliaba la reserva de contratos a entidades no previstas en la legislación básica estatal y declara extinguido en parte el recurso por pérdida de objeto.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 de Aragón, que regulaba medidas urgentes en contratación pública. La sentencia anula total o parcialmente los preceptos que definían el ámbito de aplicación y las medidas excepcionales de revisión de precios en contratos de obra, servicios y suministros, y da una interpretación conforme a otro precepto.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra. Declara la extinción parcial del proceso y anula el precepto que excluía ciertos servicios jurídicos de la ley de contratos, por invadir competencias básicas del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra una orden ministerial sobre el análisis del riesgo de conflicto de interés en procedimientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula la identidad digital, la contratación pública y la seguridad en telecomunicaciones. La sentencia analiza si el Gobierno justificó la urgencia de la norma y si algunas medidas invaden competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022 sobre contratación pública. La suspensión se limita a los incisos concretos impugnados por el presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si el decreto-ley tenía habilitación para regular estas materias y si respeta las competencias autonómicas.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.